La expulsión de Carlos Dívar. Una victoria ciudadana.

Carlos Dívar. Spanish corruption. Tengo Sitio Libre. Blog de Willy Uribe.

La marcha de Dívar, que se va a lograr gracias a la presión social (y con la apatía de casi todos los grupos políticos, excepto IU) es de una extraordinaria importancia para la España de los próximos años (la de la salida de la crisis) porque representa el triunfo de los principios y de los valores sobre los intereses y las intrigas.

Entre todos hemos creado lo que podríamos llamar “jurisprudencia ética”: hemos sentado un precedente, el de Dívar, de una alta magistratura de la nación que se tiene que marchar a su casa porque su conducta es moralmente inaceptable.

La idea de que sólo lo penalmente reprochable puede determinar si un servidor público permanece o no en el cargo está tan arraigada en esta sociedad enferma, del dinero y la poltrona a cualquier precio, que ni el PP ni el PSOE han pedido (a tiempo) la dimisión del Presidente del Tribunal Supremo.

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dio un paso más allá en esta aberración intelectual al afirmar que “todo lo que no merece reproche penal refuerza al investigado desde un punto de vista institucional.”

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Al ser fiscal de carrera y tener formación jurídica, la afirmación de Gallardón no puede obedecer a la ignorancia y sólo puede ser atribuible a uno de estos dos motivos:

1) Gallardón es un idiota moral, es decir, una persona que distingue entre lo que está penado y lo que no, pero no entre lo que está bien (bonito) y lo que está mal (feo)

2) Gallardón obra de mala fe y hace una defensa prevaricadora y corporativa de su colega jurista, en la que sabe que está siendo injusto deliberadamente.

Hemos tenido que ser los ciudadanos (mediante las redes sociales) y la prensa libre (a través de demoledores informes sobre las turbias prácticas de este sujeto) los que pidiéramos que el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ se marchara a su casa.

Esta es para mí la gran lección del 15-M: la política se ha convertido ya en algo demasiado importante para dejarla sólo en manos de los políticos.

La distinción entre ética y derecho es ESENCIAL para entender cómo queremos que sea la España del futuro.

Todo lo que está en el derecho ya está en la ética (el respeto a la vida, a la propiedad ajena, etc.) pero no todo lo que está en la ética está también en el derecho.

No puede estarlo: no cabe físicamente. Sería imposible recoger un texto legal todos y cada uno de los supuestos de conducta institucional que no se adecuan a lo que demandan los ciudadanos.

Lo que separa al derecho de la moral es el recurso a la constricción y nuestros políticos pretenden que todo aquello a lo que no les podamos obligar mediante la Guardia Civil no sea tenido en cuenta en el desempeño de la función pública.

Esto es tanto como decir que nuestros políticos son, actualmente, incapaces de autoregularse, de determinar ellos mismos, según su conciencia y honor, lo que resulta institucionalmente higiénico y aceptable y lo que no.

Pero todos los cargos públicos, cuando juran o prometen su cargo, están haciéndolo “por su conciencia y honor”, es decir, están contrayendo con los ciudadanos un compromiso moral de respeto a normas que no pueden ser recogidas en su totalidad por el Código Penal, porque entonces éste ocuparía el espacio de la Biblioteca Espasa.

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La dimisión de Dívar es de una importancia capital en nuestra historia democrática porque significa que ni aún en el caso de que un cargo político corrupto sea incapaz de dimitir por “vergüenza torera”, los ciudadanos tenemos ya la fuerza suficiente (y contamos con el precedente de facto) para reprocharle moralmente su conducta y enviarle a su casa.

Max Pradera. Vía Change.org

Un buen dossier sobre el caso.

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